El presente trabajo tiene por objeto indagar en la complicidad entre ambas esferas jurídicas, Derecho financiero y tributario y Derechos humanos, bajo el paradigma de que una política fiscal justa será aquella respetuosa con los derechos humanos. Partiendo de una conceptualización de los dos ámbitos que integran las políticas fiscales, el ingreso y el gasto público, se ahondará tanto en el deber ciudadano de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos como en las obligaciones estatales de movilizar estos recursos hacia la consecución de fines e intereses generales. Así, en atención al deber jurídico de los Estados de contribuir a la efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales, se tratará de justificar por qué las políticas fiscales deben orientar su objetivo primordial a su consecución. A este respecto, el efecto sobre los derechos no solo dependerá de cómo y cuánto se recaude, sino de a qué finalidades se destinen estos ingresos para cumplir con el principio de legitimidad y justicia fiscal que será objeto de exposición.