Una de las funciones básicas de los servicios públicos de Televisión es la educación. Además, en la medida en que las televisiones privadas reciben la concesión por parte del Estado, educar también es una de sus funciones. La diferencia entre la ley y la realidad es, sin embargo, evidente y la televisión educativa y cultural se ha olvidado. La televisión pública sigue un estatuto de comercialidad que ha generado cerca de 700.000 millones de las antiguas pesetas de deuda además de que no se ha puesto a la altura de las demandas educativas del país. El autor propone las bases para un nuevo modelo de televisión que pasa por el consenso mayoritario entre las diferentes corrientes de opinión pública española y de los entes, empresas, instituciones y colectivos del sector. Entre esas bases para el cambio destacan, además de una transformación profunda de RTVE y un nuevo modelo de cooperación, la creación de un nuevo marco legal, de un Consejo Superior del Audiovisual y de un Consejo Consultivo sobre Educación, Cultura y Audiovisual más la transformación de las leyes que rigen las televisiones públicas.