‘Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública’. Este es el título del informe realizado para la Fundación Alternativas por los médicos Fernando Lamata y Ramón Gálvez, especialistas en psiquiatría y neurología, respectivamente. Los resultados de la investigación sobre el sistema de patentes y sus consecuencias en el precio de los medicamentos en España fueron presentados en un acto, en la sede de Alternativas, con gran asistencia de público. El debate estuvo moderado por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas.

Según Gálvez, “es necesaria una transformación del sistema y una modificación de la estructura de patentes y precios”. No obstante, aclaró que es difícil conseguir el equilibrio entre todas las partes involucradas ya que entran en juego el debate económico, en lo que se refiere a los “derechos de los propietarios de las patentes”, y el debate ético, por el “derecho de los ciudadanos a la salud”. En este sentido, el experto puntualizó: “Debemos preguntarnos por qué los medicamentos son caros y cuáles son los costes de producción, de investigación, de márketing y distribución, pero también si existen modelos alternativos al modelo actual de I+D y hacia dónde va la investigación”.

¿De dónde venimos?

Tras la Convención de París de 1833, el medicamento pasó a ser considerado un bien social, por ello no se aceptaban los derechos de propiedad intelectual aplicados sobre los medicamentos. Hasta principios del siglo XX no había patentes en los medicamentos de las farmacéuticas de Estados Unidos, país que introduce la propiedad intelectual porque ve la oportunidad de conseguir una serie de cambios que benefician a sus industrias farmacéuticas, y elabora una lista (Priority Wast List) de países que no cumplen bien con los derechos de propiedad intelectual, para ejercer presión sobre ellos.

Asimismo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) entra en funcionamiento en la UE en 1994, y otorga la exclusividad en el mercado a los productos patentados. Establece un periodo de monopolio de 20 años para el propietario de la patente, lo que introduce en el viejo continente la exclusividad de las empresas farmacéuticas. El argumento es que de esta manera se conseguía recuperar el dinero invertido en la investigación. Sin embargo, el monopolio permite el abuso por parte de las empresas a la hora de la fijación de precios.

Gálvez denuncia que el precio de los medicamentos ha aumentado de manera “insoportable” -como los antirretrovirales contra el VIH en Suráfrica, donde los ciudadanos no podían asumir los costes y se manifestaron-, o el caso español en  que esto dio lugar a un atentado contra el “derecho a la salud” en el caso de la Hepatitis C.

En este sentido, la declaración de Doha quiso generar un contrapeso e introducir cierta flexibilidad para que los pacientes puedan acceder a los medicamentos, y los países sean capaces de modificar los precios ante situaciones de emergencia sanitaria y utilizar la figura de las licencias obligatorias de manera puntual y justificada.

Las agencias reguladoras de medicamentos, que deberían ser el contrapunto a las empresas farmacéuticas, no lo son, porque no tiene la fuerza suficiente para ser independientes ya que reciben financiación de las propias farmacéuticas. Por otro lado, la exclusividad de datos impide que los fabricantes de genéricos utilicen los datos clínicos, mientras que la producción de medicamentos para enfermedades huérfanas es utilizada de forma estratégica por las empresas para blindarse. En lo que se refiere a patentes, existe un verdadero caos, ya que puede haber hasta 80 sobre una misma molécula, conformando los denominados 'entramados de patentes' que incrementan los precios hasta ser inasumibles para los Estados y los pacientes.

Derechos de los pacientes

Por su parte, Lamata aclaró que “los monopolios de los medicamentos impactan sobre los precios y afectan directamente a las personas. Al principio el problema de las patentes solo afectaba a los países en desarrollo, ahora nos afecta a todos”. El psiquiatra puso de relieve unas palabras del doctor Tedros, director de la OMS: “Los derechos de los pacientes deben estar por encima de los derechos de las farmacéuticas”.

El Estado negocia el precio del medicamento con las empresas, que siempre están en una posición de fuerza. El sobreprecio en la UE de los fármacos es de más de 90.000 millones, que supuestamente deberían destinarse a la investigación. Sin embargo, se gastan sólo 26.000 millones en investigación, mientras que se dedica una cantidad mayor al marketing para perpetuar el sistema (35.000 millones de euros) Además, las empresas siguen demostrando ser ineficientes a la hora de investigar, solo generan el 25% de las patentes, mientras que el otro 75% sigue obteniéndose gracias a la investigación en la UE.

“La recomendación a las instituciones es que diseñen un enfoque integral a largo plazo. Hay que cambiar el modelo, prohibir la patente de medicamentos, como se ha hecho en Europa hasta 1994. Mientras tanto, hay que intentar fortalecer la posición del Ministerio de Sanidad para que tenga más capacidad de negociación, por ejemplo, produciendo un informe anual de acceso a los medicamentos. Según el CIS, más de un millón de personas en España no pueden acceder a medicamentos por motivos económicos”, dijo Lamata.

Entre sus recomendaciones destacaron la “imposición de la licencia obligatoria, mejorar la eficiencia en la investigación, recuperar los sobrecostes para invertirlos en salud, asegurar la competencia en el sector, establecer precios justos para los medicamentos genéricos, fomentar el debate social que genere apoyo a los gobiernos para fortalecer su posición ante las farmacéuticas, e instaurar un tratado global para eliminar las patentes de medicamentos y crear un fondo mundial de investigación”.

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