La Fundación Alternativas organizó dos interesantes mesas de trabajo para analizar la realidad de la situación política y social de Canadá y España, dos países con similitudes por sus sistemas de gobernanza descentralizados, pero también con diferencias en la gestión de sus recursos y aplicación de sus políticas, y en su enfoque en lo que a la integración lingüística se refiere.

El primer encuentro, moderado por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, y celebrado en la Embajada de Canadá, llevó por título ‘Distribution of responsibilities among different territorial levels in decentralized countries’. En él participaron François Vaillancourt, profesor emérito de la Universidad de Montreal; César Colino, profesor asociado de Ciencias Políticas de la UNED; Matthew Levin, embajador de Canadá; Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; y Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, director general del Régimen Jurídico Autonómico y Local, y profesor de Derecho Constitucional en la UAM.

El canadiense Vaillancourt fue el encargado de la intervención principal. En concreto, disertó sobre ‘La distribución de los poderes de gasto por nivel de gobierno’. En este sentido, comentó que las responsabilidades del Estado canadiense se dividen en distintos niveles. Según la Constitución, las competencias federales se extienden a defensa, asuntos exteriores, transportes marítimos y aéreos, inversiones, parados, pensiones, infancia y minorías raciales, mientras que las responsabilidades de los gobiernos locales comprenden bienestar social, prestaciones a trabajadores, sanidad, carreteras y educación.

El experto aclaró que la responsabilidad educativa recae en las provincias a través de sus juntas escolares, que cuentan con el amparo constitucional en lo referente al idioma. No obstante, a nivel universitario el Gobierno Federal gestiona los fondos para investigación. En el campo de la sanidad, la Ley Federal de 1982 establece la universalidad, pero algunos costos son compartidos con las provincias, que cuentan asimismo con un sistema de seguridad social similar pero no compartido a nivel estatal.

Vallaincourt aclaró asimismo que el término ‘poder adquisitivo’ ha alcanzado un significado especial en Canadá, ya que implica que el Parlamento tiene la potestad de otorgar pagos a personas o instituciones sobre los que el propio Parlamento no necesariamente tiene el poder de legislar.

La segunda sesión, moderada por Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, y titulada ‘Language policy in decentralized countries: posibilites for a Language Act’, se celebró en la sede de Alternativas y contó con la presencia del propio Vaillancourt, además de Juan Claudio de Ramón, primer secretario de la Embajada española en Roma; y Xabier Arzoz Santisteban, letrado en el Tribunal Constitucional.

En el caso concreto de Québec, la educación es uno de los asuntos que genera mayor debate y controversia. El francés es la única lengua oficial en esta provincia, con un 77% de francófonos y un 40% de población que sólo habla el francés. El resto de las provincias son angloparlantes. En este sentido, quedó clara la diferencia con España, donde territorios como Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana cuentan con sus propias lenguas regionales pero el castellano es oficial en todos ellos.