El origen de la calamitosa situación de la vivienda en zonas de España se podría resumir en una frase: un derecho fundamental no puede dejarse solo en manos del mercado o de la iniciativa privada, es decir, al negocio. Hace unos diez años escribí un artículo que se titulaba “Desahucios”, donde intenté demostrar que a una persona o familia sin vivienda se les violaban la friolera de diez derechos fundamentales: la integridad moral cuando no física; la libertad o seguridad; la intimidad personal y familiar; la inviolabilidad del domicilio; el secreto de las comunicaciones; la libertad de elegir la residencia; la protección de la infancia; la participación en los asuntos públicos; la tutela judicial efectiva; el derecho a la educación. La conclusión era, y es bastante obvia, la vivienda no es solamente un derecho fundamental, sino la base material primaria del ejercicio de todos los derechos. Y me permito señalar que nuestro actual problema no ha caído del cielo.