La vida política española sigue inmersa en una crispada polarización, que se manifiesta en una permanente descalificación y deslegitimación del gobierno, más allá de lo admisible, por parte de la oposición. Es normal que la oposición de derechas se oponga y critique la acción del ejecutivo, pero deviene tóxica cuando esa discrepancia se lleva al límite de descalificar e inhabilitar al oponente, hasta el punto de mutar un adversario en un enemigo a batir por todos los medios. Primero, y todo el tiempo, sigue siendo el asunto de la amnistía. Es obvio que se puede discrepar de esa medida de gracia, pero de ahí a sostener que “rompe España”, “destruye la Constitución”, “lamina la separación de poderes”, “es una estafa”, “es ilegal”, “inmoral” y no sé cuántos improperios más, es tan exagerado, falso y ayuno de argumentos que hace imposible el debate democrático. En el supuesto de que al final de esta historia, el Tribunal Constitucional dijera que esa medida es conforme a la Constitución, ¿qué pasaría con todos aquellos que han estado durante meses acusando de tan horrendos “crímenes”? Supongo que, como mínimo, tendrían que dimitir de la vida pública, a no ser que piensen que nuestro más alto tribunal se ha vuelto loco y ha sido capaz de avalar tan pavorosos atropellos. Yo sería más cauto en las expresiones, pero cada cual es dueño de sus palabras.