El próximo 23 de julio estamos convocados a unas elecciones generales que van a ser cruciales para la sanidad pública, aunque lo más probable, por desgracia, es que la sanidad y el sistema sanitario ocupen un espacio muy reducido en las mismas. De manera general puede decirse que concurren a las urnas dos concepciones opuestas sobre lo que debe ser un sistema sanitario. La primera, propugnada de una manera más radical por Vox pero también por el PP, es la que mantiene que el mercado y las empresas privadas son quienes deben proveer los servicios sanitarios, y que el aseguramiento privado y los copagos tienen que tener un protagonismo cada vez mayor en nuestro sistema sanitario. Es un modelo que fomenta la inequidad y la desigualdad, basado en la situación económica de las personas.

La otra, propugnada en general por la izquierda, mantiene que el sistema sanitario público debe ser el esfuerzo solidario de las personas con más recursos económicos y más salud, con aquellas que son más pobres y/o están más enfermas, y que, por lo tanto, la protección de la salud es un derecho humano fundamental, y su garantía solo es posible desde sistemas sanitarios de financiación, gestión y titularidad públicos, enfocados hacia la salud de la población y no a los beneficios empresariales. Este modelo, por supuesto, precisa de una recaudación fiscal suficiente que permita su sostenibilidad.